Crisis del Consejo de Rectores, concepto de universidad pública e intereses privados.

El Consejo de Rectores está viviendo uno de los momentos de máxima tensión de su historia y detrás de la crisis se vislumbra una disputa no solo económica, sino también una pelea en la que se juegan las fichas ideológicas de lo que se entiende por universidad pública.

Resulta que nuestra institucionalidad universitaria tiene un fuerte componente histórico, que gira en torno a un grupo de universidades que tradicionalmente asumieron la responsabilidad de formar profesionales y generar investigación para el país. Instituciones que jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico y social del siglo pasado, de manera abierta a la comunidad, con costos que recaían principalmente en el Estado. Nadie hubiera pensado en esa época del lucrativo negocio que sería después la educación superior, ni de la importancia estratégica que tendría para la formación ideológica de las futuras elites dirigenciales del país.

La peculiar característica de ser mixta en términos de propiedad, es lo que pone en disputa el concepto de lo pública en la Educación Superior. Prácticamente ningún país del mundo está en una situación similar. El natural entendido apunta a considerar como lo público solo a lo estatal, utilizando este medio para suplir las necesidades sociales, ya que solo a través de lo público se asegura la equidad e igualdad de oportunidades que son imprescindibles en un sistema educativo. Nadie invierte en proyectos privados sino en educación publica, esta es la que busca la integración y el dialogo entre todas las realidades, sin exclusiones, y busca beneficios para toda la sociedad. Las instituciones privadas existen con la natural motivación de llevar adelante proyectos educativos complementarios de carácter privado, orientados a un sector de la sociedad, sin rendirle cuentas a nadie, y sin tener que sacrificar la exclusividad que siempre les ha caracterizado. Casi todos los sistemas universitarios son mixtos, pero con claridad distinguen entre instituciones públicas y privadas, estando las primeras en propiedad del estado, siendo además gratuitas, laicas y pluralistas; a diferencia de las segundas que se asumen como privadas sin ningún complejo, y se dan el lujo de cobrar altísimo aranceles, elegir a quienes admiten y enseñar lo que les place.

Sin embargo resulta que conceptos y roles tan claros no parecen tan obvios en el debate universitario actual, donde la existencia del Consejo de Rectores no se basa en principios de compromiso social, sino solamente en su evolución histórica. Existe una ambigüedad que no se han querido esclarecer porque sin duda, podría poner en juego una serie de privilegios que tienen instituciones que responden a intereses privados, pero que pasan desapercibidas dentro del respetable Consejo. Este aun sigue entendiéndose como la agrupación de universidades que merecen financiamiento estatal, pese a que esto implicaría una serie de compromisos con el estado que hoy día se pasan por alto.

En esta realidad suena totalmente anacrónico el concepto de universidad pública, de calidad, pluralista, masificada y gratuita como mundialmente se conoce. NO concuerda con la visión de las selectas universidades privadas que el padre Berrios llamara de “cota mil” donde se forman las elites intelectuales seleccionadas con pinzas de cierto sector social y aisladas de toda idea o realidad que afecte su simpatía hacia el status quo. Universidades que en la ambigüedad discursiva de sus voceros, hablan de de estar cumpliendo también con un rol público que el estado debería financiar, ¿de que rol estamos hablando?

El Rector Rosso (PUC) ha hablado de discriminación hacia “algunas instituciones”, preocupado porque detrás de la propuesta de un Nuevo Trato para las estatales, está el olvidado principio de que la educación pública debe ser el pilar fundamental del sistema universitario de cualquier país que aspire a su desarrollo. Educación Pública que quizás pueda ser impartida por instituciones de propiedad privada, pero no las que se encuentran aisladas, elitizadas y lejos del poder adquisitivo de la mayor parte del pueblo de Chile. Una institución pública es aquella que se comprometa a ser abierta a la sociedad, sin concentrar a un grupo socioeconómico o a una ideología en particular, para que permita el encuentro y la diversidad social; aquella que sea pluralista, contando con libertad de cátedra y libertad de asociación; y aquella que sea democrática permitiendo que en su gobierno estén representados todos los estamentos para que su proyecto de desarrollo no quede secuestrado por los intereses de un grupo de académicos, de un dueño, o simplemente del mercado. De este compromiso inapelable de lo público ninguna privada ha querido hablar, porque después de todos son privadas y no les sirve eso de comprometerse, pero a mi juicio este compromiso con lo público debería ser la condición del financiamiento estatal, un compromiso recíproco de dar y recibir teniendo siempre claro que el objetivo está como dijera Andrés Bello “en Chile y las necesidades de su pueblo”.