Va a haber una Gran Reforma de la Educación Superior y no presisamente en la dirección adecuada para responder a las necesidades de Chile. Los grandes cambios que propone el ministerio se alinean con las propuestas de la OCDE y el Banco Mundial. ¿Que podemos plantear entonces desde la izquierda en una perspectiva antineoliberal? La respuesta mas obvia es la necesidad de recuperar una Educación Superior Estatal, pero ¿Cómo garantizar que el Estado, pese a ser un instrumento de dominación de clase, pueda asegurar el interés de las grandes mayorías de Chile?
La Educación Estatal ha sido históricamente puesta en oposición a la educación privada, bajo el entendido de que lo apuesto a lo privado es lo estatal. Una idea que quedó fuertemente cuestionada luego del desastre Soviético, donde quedó en claro que la burocracia se podía apropiar de los medios de producción estatizados y así ponerlos en función de sus propios intereses. Nada hace pensar que las Universidades Estatales, por esta sola característica, puedan asegurar lo contrario. De hecho las Universidades Estatales responden a intereses de mercado tanto como cualquier otra, producto del autoritarismo de sus instancias de gobierno, la elitización, y el autofinanciamiento que tienen por mandato. El supuesto de que lo estatal responde al bien común es hoy día una falacia, un “deber ser” que solo queda como declaración de principios. El neoliberalismo además es perfectamente compatible con unas pocas universidades estatales fuertes, sin que por ello pierda se hegemonía y capacidad de reproducirse.
La propiedad de las instituciones y los medios de producción solo es un instrumento legitimador de la “apropiación” que es lo que define a qué intereses responde. El problema no es la propiedad privada en sí, sino la propiedad de los medios de producción que lleva a la apropiación de las condiciones de trabajo, lo que permite la explotación y da sustento al capitalismo. Si se quiere frenar el neoliberalismo en la educación superior, no basta con cuestionar la propiedad o el financiamiento de las instituciones, si no la apropiación del conocimiento como medio de producción. Instituciones como las Fuerzas Armadas o el Sistema Judicial son absolutamente estatales (en propiedad y financiamiento) y aun así conservan su carácter represivo.
Lo realmente opuesto a lo privado no es lo estatizado, si no lo socializado. De ahí la importancia de definir el carácter público de una institución, como estrategia para exigir lo que dé garantías reales de socialización del conocimiento, es decir, de apropiación de este por la sociedad. La definición de las áreas de desarrollo de una Universidad; la orientación de su formación; el tipo de conocimiento que generan; los valores y la ética que inculcan a sus estudiantes; las herramientas críticas que entreguen; el cultivo de una conciencia social; el ejercicio de la ciudadanía, y la posibilidad real de que los sectores populares accedan a ellas, son mucho mas importantes que el carácter de su propiedad.
Quién se apropie del producto que genera la universidad y se beneficie de él, será quién realmente posea la institución, independiente de lo que aparezca en su título de propiedad. La apuesta de la izquierda entonces, no puede ser otra que arrancar ese producto de las manos privadas y empresarios, para ponerlo en manos de las grandes mayorías, y hacerlo concordar con un proyecto de desarrollo nacional. No basa con que aleguemos por una educación estatal sólida, si no que logramos instituir la educación superior como herramienta de transformación social, alineada con un proyecto de desarrollo emancipador.
¿Quien define este proyecto? Podríamos volver a decir que debe ser el Estado, pero ¿qué garantías tenemos de que un Estado gobernado por la Concertación o la Derecha pueda defender el interés de la mayoría? Seguramente la única posibilidad de garantizar el bien común, es poniendo a la sociedad por si misma a definir el destino de las instituciones que generan el conocimiento y forman los profesionales. Por eso debemos exigir que la sociedad pueda entrar a la universidad, que estas se abran a la ciudadanía sin discriminaciones. Una vez dentro que tengan incidencia en el proyecto de desarrollo institucional, tomando decisiones sobre su orientación y presupuesto a través de gobiernos triestamentales. Qué estos reflejen las contradicciones y debates de corrientes de opinión que tengan la libertad de asociarse y disputar este gobierno. Y por último que podamos lograr que en su interior se abra un espacio para cultivar una identidad contrahegemónica, un conocimiento fuera de los marcos actuales que se vaya instalando y creciendo gracias a la libertad de cátedra.
Estos son lo elementos que uno podría definir como el “sentido público” y que uno debía exigir a cualquier institución estatal, para dar contenido al espíritu de bien común al que aspira su propiedad, pero que por sí misma no asegura. La contradicción real es entre público y privado, entre socialización del conocimiento para las mayorías o apropiación de éste por los privados. Por eso no basta platear que la educación debe ser Estatal, pero si que debe fortalecerse al Estado y dotarlo de un nuevo rol, el de hacerse cargo de Universidades no solo Estatales sino que además Públicas, el de regular y controlar a todo el sistema, teniendo absoluta claridad de que es lo público que tiene que garantizar.
La única manera de conseguir equidad, pese a la existencia de una educación privada que cuenta con el apoyo del capita para competir con ventaja en el mercado, es a través de la regulación de un Estado responsable que garantice lo público. Enfocado a lograr la regulación de la economía y la distribución de la riqueza a través de la Educación Superior Pública. Es aquí donde cobra mayor relevancia el papel del Estado dentro del Sistema, regulando no solo desde las instituciones que son de su propiedad y no sólo desde el carácter jurídico que esta le aporta. El Estado tiene que hacerse cargo de la Educación Superior a través de todas las herramientas que tiene: el financiamiento, control y fiscalización, buscando exigir a las instituciones que cumplan con un sentido público y asegurando que tengan los medios para hacerlo, a través de la cooperación y no de la competencia.
El neoliberalismo se combate con mas y mejor Estado, pero no solo como consigna o reivindicación como se ve en los discursos “izquierdistas” sino otorgándole la centralidad adecuada en su contexto y con cada uno de sus roles, para acegurar mediante el la existencia de un espacio público de formación de profesionales y de cultivo y generación de conocimiento. Educación Pública es mucho mas que Educación Estatal, pero no es posible sin un rol central del Estado. Cualquier intervención de este no cobra sentido por si misma, sino con el fin de asegurar la efectiva socialización del conocimiento, que solo en manos de los sectores populares que hoy día se excluyen puede garantizar el bien común y enfocarse al desarrollo social de Chile.
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