Nuestro Rector ha marcado el debate en Educación Superior este año con la propuesta de Nuevo Trato. Habla de una nueva relación entre el Estado y las universidades de su propiedad, confiando en éstas la posibilidad de formar las nuevas elites intelectuales, en un ambiente plural donde se refuerza la democracia al dotar a sus egresados de un especial compromiso social y ciudadano.
Pero lo cierto es, que poco vemos desde adentro este compromiso social, porque si bien es real que las universidades estatales necesitan mayores recursos, no hay mucho en la política institucional que de cuenta de esa intensión de cumplir con un verdadero rol público. Los estudiantes pobres no entran a nuestra Universidad por su mala formación media, le cobramos mas a los que tienen menos debido a la lógica del crédito y nuestras facultades crecen según los criterios del mercado.
La forma en que la Universidad de Chile distribuye su presupuesto, el sistema de acceso y la política de financiamiento estudiantil que apliquemos, dicen mucho del tipo de universidad que queremos ser. No dependen del ministerio sino de la voluntad de sus autoridades y son urgentes de ser aplicados frente a las profundas iniquidades que genera el sistema.
Esa voluntad está hoy día lejos de aplicar en los hechos lo que el Nuevo Trato plantea como aspiración. Hemos estado discutiendo sobre el valor de los aranceles, y sabiendo el impacto del precio de estos en el tipo de estudiante que queremos formar, no ha habido posibilidad alguna de avanzar hacia un congelamiento o de impulsar un mecanismo que reduzca realmente su impacto en los estudiantes vulnerables. Las contrapuestas son tímidas, poco sustanciales y de corto plazo. Se ha evadido la posibilidad de discutir una política institucional de financiamiento estudiantil y la arcaica distribución del presupuesto sigue estática.
Dentro de la Universidad de Chile, no se está avanzando mucho en ser consecuentes con ser una universidad pública. Hay muchas cosas por hacer y solo escuchamos discursos. Todos los años llegamos a acuerdos son en función de necedades de corto plazo y se postergan las propuestas que le otorguen facilidades para que los sectores populares puedan acceder a la educación superior.
Es por esto que creemos necesario empezar cuanto a antes a perfilar un apolítica institucional que aborde el tema en el mediano plazo, que sea capas de proyectar en el tiempo las necesidades que se cruzan con la discusión arancelaria, permitiendo que haya un compromiso con los principios que creemos necesario preservar a la hora de asignarle valor a las carreras que impartimos y a al momento de distribuir los costos en función de la distinta capacidad de pago que poseen las familias.
Esta ha sido la discusión que hemos tratado de impulsar este año con la propuesta de Beca de Arancel Diferenciado. No queremos dejar pasar la oportunidad de sentar las bases de un cambio que pueda conseguirse en dos o tres años. Queremos apostar a conseguir de la mano del Nuevo Trato con el Estado, un Nuevo Trato también para nuestros estudiantes.
El principal desafió en términos de financiamiento es definir una política que permita instaurar la gratuidad para los primeros quintiles, pero proteger también a los sectores de clase media que se distribuyen entre el tercer y cuarto quintil, de manera escalonada y eliminando lo mas posible la lógica crediticia.
Un arancel diferenciado sería efectivamente un Nuevo Trato con estos estudiantes y un ejemplo hacia el país de como en una universidad pública se toma en consideración el distinto origen socioeconómico y se proyecta una lógica de financiamiento con equidad. Esto de la mano de un nuevo sistema de acceso y una necesaria distribución del presupuesto podrían devolvernos en los hechos, lo que ya ha sido instalado en el discurso.
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