Luego de las propuestas lanzadas por Freí en el último debate, la confianza que pudimos algunos tener de que las cosas en Educación Superior fueran distintas, se fue a pique frente al anuncio de la Presidenta Michele Bachelet de aumentar los aportes destinados al Crédito con Aval del Estado en unos 485 millones de pesos.
Uno podría valorar la intención de proteger a un sector estudiantil profundamente desfavorecido por las alternativas de financiamiento actuales. Esta clase media que ha venido integrándose cada mes mas a la educación superior pero sin poder contar con facilidades similares a las que se dan para los estudiantes mas pobres, no porque estos tengan sus problemas resueltos, sino porque cuentan con becas que mas o menos cubren sus costos. Los estudiantes de clase media seguramente lamentarán que esta “buena voluntad” no se haya traducido en una alternativa al endeudamiento con la banca privada, que sumado a los altos intereses, terminan haciendo de este Crédito un perjuicio a largo plazo para ellos y sus familias, pese al alivio inicial que les da la posibilidad de acceder a la Educación Superior con pago diferido.
Pero esta no realmente es una buena medida y lamentamos que no haya sido consultada con las Federaciones Estudiantiles o el Consejo de Rectores, quienes hemos elaborado propuestas mas efectivas para limitar las falencias del actual sistema de financiamiento estudiantil, centrando el beneficio en los estudiantes y no en las instituciones financieras o en las universidades de baja excelencia académica cuya motivación es el lucro. Son estas últimas quienes mayor provecho sacarán de la medida propuesta.
Esta debilita profundamente a la Educación Superior Pública al financiar la demanda en lugar de la oferta, ya que inyectando estos recursos en las universidades tradicionales se podría aumentar la matricula de las mismas asegurando estándares de calidad muy superiores al resto, disminuyendo el valor de los aranceles y aumentando los programas de ayudas internas con que éstas protegen a sus estudiantes vulnerables. Esto se enmarca en asegurar reales posibilidades de acceso a una educación superior de calidad y no en subvencionar el negocio de la educación como se interpreta en los hechos de la medida del gobierno.
Es preocupante que el déficit de los fondos para el Crédito solidario y el aumento para el Crédito con aval del estado sea para privilegiar este instrumento, haciendo que en el futuro el Estado se desligue completamente del Crédito Solidario.
La obligatoriedad del endeudamiento para poder acceder a la educación superior, la intromisión de la banca privada en este sistema y la apertura de las políticas de financiamiento estudiantil a instituciones en las que no se han asegurado estándares de calidad mínimos, ni mecanismos que aseguren la permanencia de los estudiantes, ni un compromiso explícito con el interés público o la formación pluralista, son el tipo de políticas neoliberales que se basan en la competencia de las instituciones por recursos y estudiantes, y no en la colaboración enfocada hacia un sistema integrado de Educación Pública. Justamente esto, no han permitido que Chile tenga una educación pública de calidad y accesible para los sectores populares; ni han propiciado dar el salto de desarrollo que nuestro país necesita.
Los soluciones reales llegarán cuando la protección de los estudiantes vulnerables se aborde desde la perspectiva de asegurar el financiamiento y los cupos en aquellas instituciones que realmente pueden ofrecerle la posibilidad de movilidad social y una formación socialmente comprometida con el país; considerada como una inversión social y no como un beneficio personal por el cual es correcto pagar e incluso endeudarse.
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