La Educación Superior y el Gobierno de la Coalición por el Cambio.

La última reforma a la Educación Superior fue la de los años 80. Ésta respondió a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. Para llevarla a cabo fue necesario el debilitamiento y fragmentación de la Universidad de Chile y la ex Universidad Técnica del Estado, y la creación y fortalecimiento de instituciones privadas con pocas regulaciones y escasas exigencias de calidad. En este nuevo orden de cosas no constituyó un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación, favoreciéndose la segmentación del sistema educativo y permitiendo el surgimiento de universidades como proyectos ideológicos de grupos económicos y religiosos. 

Desde los noventa, han habido diversos intentos de recuperar, estudiar y pensar el sistema (Consejo Asesor Presidencial de la Educación Superior del 2007, de Innovación 2007 y 2008, de Equidad del 2008, Informes de J. Brunner, Informe de la OECD, Propuesta de Nuevo Trato con el Estado del CUECh el 2009) pero hasta la actualidad, no ha sido posible formular las condiciones para la existencia real de un sistema de Educación Superior, pese a las reiteradas exigencias del CONFECH, el CRUCH, las comunidades académicas, y a que hoy día, a 30 años de esa Reforma, prima la competencia por sobre la cooperación, el financiamiento de las familias por sobre la inversión del estado, y es inminente la quiebra de algunas instituciones incapaces de autofinanciarse sin perder definitivamente su misión. El comportamiento y características de sus partes (U, CFT, IP), y la institucionalidad que debiese dar marco a su existencia, continúan obedeciendo a lógicas parciales e incluso muchas veces contradictorias. 

Las proyecciones de diversos organismos (UNESCO, OCDE) nos dicen que de acá al 2020 el 80% del grupo etáreo entre 18 y 24 años tendrá acceso al sistema y que el gasto destinado a Educación Superior debe duplicarse antes de esa fecha. Pero éstas no nos dicen a qué tipo de Educación se tendrá mayor acceso, ni de qué manera se van a distribuir estos recursos. Las definiciones corresponderán principalmente al nuevo gobierno y necesariamente deberán confrontar los intereses políticos, económicos, y religiosos de los grandes grupos de poder que se han beneficiado hasta ahora, con las demandas sociales de las distintas organizaciones vinculadas a la educación.

Hay que leer el programa presidencial de Piñera para ver si hasta que grado existe la voluntad política de impulsar estas necesarias transformaciones y analizar las relaciones de poder para reconocer la dirección en la cual se alinearán sus propuestas. 

Del programa presidencial surgen de inmediato cuatro planteamientos claves, inmersos en una serie de propuestas esperables referidas a mejoras de diversos aspectos. Piñera platea aumentar becas y créditos sin “discriminar por el carácter” jurídico de las instituciones; asegurar el acceso sin que haya impedimentos financieros mediante la vía del crédito; abrir las fuentes de recursos a todas las instituciones y dotar a las Universidades de gobiernos corporativos. Lo que significa, despejados los eufemismos, que se va a incrementar la política de competencia entre las instituciones sin observancia del carácter misional de ellas, con el agravante de, asumir de manera explícita, que no hay nada relevante en las Universidades Estatales que las haga merecedoras de consideraciones especiales. Se perfecciona la subvención del negocio de la Educación, faboreciéndose con recursos que llegarían por concepto de beneficios estudiantiles y aportes directos al sistema privado. Se plantea además eliminar incluso los aspectos democráticos que en el gobierno de ciertas instituciones, le confieren su carácter eminentemente público. Podemos concluir entonces que las decisiones están tomadas en la linea de hacer crecer el sistema con condiciones que benefician a las instituciones privadas y los recursos para ellos se van a entregar haciendo desaparecer la diluida frontera entre la educación pública y la privada. En los hechos, desnaturalizadas las universidades estatales y repartidos en igualdad de condiciones los fondos, deja de existir en Chile la Educación Superior Pública.

De las relaciones de poder podemos observar el gesto explícito hecho en la nominación del Ministro de Educación.  Joaquín Lavin ha sido la figura designada para conducir estos cambios y podemos ver en él un claro representante de dos sectores profundamente influyentes. Por un lado está presente este mismo mundo de las instituciones privadas, con las que el nuevo ministro tiene un vínculo muy estrecho, siendo graduado de una de ellas, fundador, accionista y académico de otra. Y por el otro lado se encuentra también encarnado en la figura de Lavín, uno de los sectores religiosos más efectivos a la hora de difundir su dogma a través de las instituciones de educación superior, el Opus Dei, un grupo poseedor de universidades privadas confesionales que ahora va a poder recibir aportes fiscales para seguir desarrollando su proyecto ideológico-educativo. 

Pocos cambios podemos esperar entonces que se hagan respecto de los principios que inspiraron la reforma de los años 80, quienes gobernarán ahora son los mismos de entonces. Mas bien vamos a ver coronadas las mismas intenciones, con una nueva institucionalidad y un nuevo financiamiento, que va ser totalmente afín a los intereses de estos grupos. Esto a menos que desde la sociedad organizada surja una fuerza capaz de establecer otras prioridades.