La Educación Superior como bien privado.

La educación superior pública es una de los puntos mas críticos de confrontación ideológica. Existe una disputa abierta donde se encuentran una diversidad de modelos posibles. El debate es cruzado por lugares comunes como “mayor calidad” y “mejor eficiencia” que justifican posiciones de avanzada en función de objetivos principalmente políticos. 

La prensa ya ha dado a conocer algunas medidas del nuevo ministerio de educación entre las que es importante destacar: la restricción de las becas de postrado para quienes por su alto retorno privado las puedan pagar; el acortamiento hasta el penúltimo año de algunos beneficios de financiamiento para estudiantes de carreras rentables y el aumento de los plazos para postulación al crédito con Aval del Estado mientras el Fondo Solidario se mantiene estancado. Todas estas confluyen en la misma visión de educación como bien netamente privado, cuyo fundamento ideológico, es que la educación superior es una inversión como cualquier otra, donde la mayor parte del beneficio es recibida por quien obtiene el grado académico, lo que justificaría entonces, que el estudiante tenga que acceder a crédito en lugar de becas como forma de financiamiento.

Esta posición se ubica el extremo de una concepción radicalmente neoliberal, que además de ser inconsulta, ya que habría que ver que piensa la sociedad o los actores sociales representativos de ella; es profundamente impopular. Las movilizaciones estudiantiles en la ultima década se han planteado en contra de estas políticas y las propuestas surgidas del mundo académico como el “Nuevo Trato” han sugerido caminos alternativos. 

Lo mas grave es que antepone esos fundamentos ideológicos y objetivos políticos, a cualquier análisis de su impacto en una sociedad. Este modelo, al mirar los grados académicos como proyectos de inversión, desincentiva a estudiar carreras no rentables (arte, filosofía, teatro, etc.). Por otro lado, el financiamiento a base de créditos privados, regulados a través del mercado de capitales, produce que las tasas de interés sean mayores para las carreras con ingresos mas inciertos, así como para los estudiantes de escasos recursos con mayor posibilidad de deserción. Aun cuando la falta de colateral de estos estudiantes es cubierta por el aval del Estado, son las universidades quienes cubren los costos en caso de abandono en los primeros años, produciendo el incentivo a rebajar los estándares de calidad para no reprobar a estos estudiantes. Además cabe la duda de que abrir estos beneficios, en igualdad de condiciones, para todas las instituciones acreditadas sin considerar el prestigio, orientación o propiedad, esté encubriendo un conflicto de intereses.

Un modelo como el que se apuesta a instalar no existe prácticamente en ningún lugar del mundo y la razón es muy clara. El común entendido apunta a considerar a la Educación Superior como un bien mixto, que además de producir la movilidad social de quienes acceden a ella, bajo el supuesto cuestionable en Chile, de que pueden ingresar los sectores populares; otorga a la sociedad el beneficio de una población culta y bien formada en el ejercicio de la ciudadanía, en las artes y las ciencias, lo que produce una incidencia significativa en el crecimiento y desarrollo social del país.

Bajo una concepción de educación superior como inversión social, los beneficios o externalidades generados por la  educación, motivan al estado a generar estímulos para facilitar el acceso a la universidad sin trabas económicas, reduciendo los costos privados en que los estudiantes deben incurrir. Esto se logra a través de políticas de financiamiento como aranceles diferenciados, becas o gratuidad de estudios. Si bien sigue existiendo un beneficio individual para quienes se educan, puede producirse un interesante retorno a través de la ubicación estratégica de los egresados por un número de años de “servicio social”, o a través de una reforma tributaria progresiva que permita cobrar un porcentaje mas alto a quienes obtienen mayores ingresos. 

Considerar la educación superior como un bien privado, impulsado por radicales concepciones ideológicas o para facilitar las ganancias de las empresas del rubro y los grandes grupos financieros, sólo nos lleva a renunciar a la posibilidad de invertir en las universidades públicas para genera mas democracia, ciencia responsable y desarrollo equitativo.