El Ministro de Educación acordó con el Consejo de Rectores la postergación de dos semanas a la PSU como solución frente al impacto del pasado terremoto en los estudiantes de cuarto medio. La solución no es tan simple.
Independiente del terremoto, algo de fondo funciona mal en el sistema de acceso a la Educación Superior. Si uno analiza que de los 100 mejores colegios en cuanto a resultados de la PSU del año pasado, 95 son particulares pagados. El grueso de los estudiantes de Chile no estudia en instituciones de esta naturaleza, sino que en circunstancias donde sólo el 58% de ellos logra el mínimo de 450 puntos, versus un 95% que si lo logra en los establecimientos pagados. La situación a todas luces da cuenta de que existen espacios de oportunidad distintos.
Existe una barrera prácticamente infranqueable a nivel de la selección universitaria. El propósito de la prueba de éstas características es seleccionar a los más capacitados para el aprendizaje de disciplinas especializadas y exigentes, pero se ha confundido con premiar con un cupo a los que sacan mejores puntajes. Mientras los más competentes, por razones lógicas, deberían estar repartidos en todos los niveles socioeconómicos, vemos que en los hechos se produce una notable concentración de los estratos mas altos entre los que ingresan realmente a la educación superior. Pero la selección se trata de que podamos llevar a la Universidad a los más capaces y el mecanismo adecuado será el que prediga de entre todos los egresados de enseñanza media, quienes poseen estas condiciones. Si existen estudiantes talentosos en la educación municipal y no están entrando a la Universidad debemos cuestionadnos fuertemente la efectividad del sistema actual.
Es fácil notar que existen problemas en el instrumento de selección. Evaluar el 100% de los contenidos no se justifica para estos fines porque no son imprescindibles para las carreras elegidas. La prueba de matemática mezcla contenidos generales con específicos juntando a estudiantes animados a integrarse al mundo de las ciencias con humanistas que quedan obligados a tener un igual rendimiento. Existe una discusión aun abierta sobre si una prueba de este tipo tiene que enfocarse en conocimiento o habilidades, lo que hace cuestionarse la pertinencia de que apliquemos uno de estos métodos después de considerar los resultados. Por último los datos siempre son presentados usando porcentajes y no la moda, lo que no da cuenta adecuadamente de la realidad socioeconómica.
Por otro lado, hay también inconsistencias de origen en este mecanismo. La prueba mezcla los objetivos de seleccionar estudiantes para el ingreso a la Educación superior junto con evaluar el sistema de Enseñanza Media, un especie de “dos por uno” que aun es desmentido por el ministerio, pero que se demuestra en la ausencia de un SINCE para el cuarto medio. Esto es un error, ya que pruebas de esta naturaleza cumplen propósitos distintos, no son rendidas por la misma población de estudiantes, y tienen una distribución esperada que no es la misma.
Los resultados de seguir manteniendo el sistema han sido lapidarios, no hay evidencias de que con la PSU hayan mejorado los aprendizajes de la Enseñanza Media según SINCE. No se ha favorecido la equidad sino que se ha visto un perjuicio para los alumnos provenientes de la educación municipal y sobre todo la enseñanza técnico profesional. No se logró reducir la necesidad de los preuniversitarios, muchos puntajes nacionales y muchos de los estudiantes por sobre 700 puntos han hecho preuniversitarios. Como se repiten 12 preguntas cada año, son conocidas por estos, se da en fenómeno de acaparar "información privilegiada".
Las propuestas alternativas existen y se aplican, pero ha faltado voluntad política para instalarlas como regla general. Una de ellas surgió en la USACH y se basa en considerar de manera prioritaria las notas de la educación media, ponderadas en relación a la cohorte de cada establecimiento y no a nivel nacional. La puesta final debería ser generar en los hechos, cuotas de ingreso por tipos de establecimientos, de modo que los mejores de la educación municipal y de la educación particular subvencionada puedan ser seleccionados en una proporción que se acerque a la de la educación pagada.
Independientemente de ello el tema debe asumirse bajo ciertos principios generales que algunas federaciones han sintetizado muy bien. Defender un sistema universal, único y centralizado de selección a la Educación Superior, que sea administrado por un organismo público que dé garantía en la defensa del bien común por sobre todo interés económico o particular, contando para esto con el financiamiento y la autonomía necesarios. Mejorar el instrumento estandarizado de selección, asegurando que beneficie a los estudiantes sin discriminaciones; que se centre en la meritocracia y permita el acceso de los más capaces. Incluir mecanismos de acceso complementarios en las universidades, que le den una mayor valorización al ranking de colegio, las notas de enseñanza media y las realidades regionales, en el espíritu de valorizar el esfuerzo personal de los estudiantes y su entorno social inmediato. Y por último Abogar por la trasparencia de todos los mecanismos de selección, instituciones involucradas, resultados obtenidos y consecuencias sociales de los mismos.
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